Katie Ananina, conocida como «La rusa», participó en un podcast el pasado domingo, donde destacó que los bitcoiners deben ser conscientes de que no cuentan con el apoyo de los gobiernos. Por ello, considera fundamental que evalúen la posibilidad de obtener un segundo pasaporte para proteger su soberanía y libertad financiera.

La influencer es fundadora de Plan B Passport, una empresa que ayuda a bitcoiners a obtener un segundo pasaporte a través de programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés), los cuales permiten acceder a una nacionalidad extranjera mediante aportes económicos significativos.

Desde su experiencia como bitcoiner y defensora de la teoría de las banderas —una estrategia que consiste en diversificar residencia, ciudadanía y activos en distintos países para proteger la libertad personal y financiera—, Katie explica que la relación entre los adeptos a bitcoin (BTC) y los estados-nación es tensa debido a la naturaleza descentralizada y disruptiva de BTC.

«Crecí en Rusia, donde aprendí a desconfiar de los gobiernos. Como bitcoiner, elijo un sistema económico fuera del control estatal, lo que nos hace menos ‘favoritos’ para muchos países. Actualmente, el clima está cambiando aquí en Estados Unidos, pero aun así necesitamos un pasaporte», explica.

Durante la conversación, Katie compartió que hace unos años le escribió una carta al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresándole su deseo de que lanzara un programa de ciudadanía por bitcoin.

Ananina aprovechó la oportunidad para elogiar el programa de ciudadanía por inversión que acabó materializándose en El Salvador, calificándolo como un modelo revolucionario. «Este programa demuestra cómo un Estado puede reconocer y recompensar el valor que los individuos aportan, utilizando bitcoin como un activo neutral que no se devalúa», señaló.

Según fuentes locales, Argentina ya está desarrollando su propia iniciativa, la cual requerirá una inversión mínima de USD 500.000 en sectores como tecnología, agroindustria, energía o turismo, y que será gestionada por una agencia descentralizada dependiente del Ministerio de Economía. Se espera que este programa se lance a finales de 2025 mediante un decreto de necesidad y urgencia.

No obstante, de momento no se ha confirmado si el proyecto permitirá inversiones en bitcoin o criptomonedas.