Hace cinco años, en 2020, cuando Strategy dio el paso de invertir en bitcoin (BTC), muchos lo interpretaron como una decisión temeraria. Bajo el liderazgo de Michael Saylor, la compañía se convirtió en la primera gran empresa en adoptar esta moneda como su principal reserva de valor. Hoy, con más de 600.000 BTC en su poder, se ha consolidado como un referente para aquellas firmas que buscan resguardarse de la inflación y diversificar su capital.

Siguiendo esa línea, la empresa japonesa Metaplanet ha establecido la creación de Satoshi Nakamoto como eje central de su estrategia frente a la devaluación del yen. La organización ha financiado sus compras de bitcoin mediante emisiones de bonos sin intereses y de derechos de compra de acciones y aportes de capital del mercado, posicionándose como la mayor tenedora de BTC entre las compañías que cotizan en bolsa en Asia.

Según los datos de Bitcoin Treasuries, empresas como Strategy, MARA Holdings, XXI y Metaplanet lideran el ranking global de tenencias corporativas de bitcoin. Sin embargo, América Latina también toma posición en este terreno, en especial por la devaluación monetaria e incertidumbre económica que enfrentan ciertos países.

Un ejemplo destacado es Bitfarms, empresa minera con raíces argentinas y sede en Canadá, que lidera el ranking latinoamericano con más de 1.100 BTC en su poder. Le sigue Mercado Libre, el gigante argentino del comercio electrónico, que recientemente fortaleció su tesorería al elevar sus tenencias de bitcoin a más de 570 BTC.

Estas compañías comprendieron que bitcoin no es una inversión especulativa, sino una reserva de valor con alta portabilidad global y una liquidez en constante crecimiento.

De este modo, los Estados son testigos de cómo las entidades privadas acumulan bitcoin sin necesidad de permisos ni control centralizado.

En una actualidad marcada por las tensiones geopolíticas, como las que enfrentan actualmente Israel e Irán, monedas debilitadas en países como Venezuela y Argentina, y restricciones bancarias que frenan la innovación, la idea de que un gobierno pueda utilizar bitcoin para comerciar, proteger su economía o incluso competir estratégicamente frente al dólar o el euro, ya no es una fantasía.

El precedente de El Salvador —disruptivo y sumamente favorable para el sector— también contribuyó a sentar las bases de una adopción estatal más amplia que ya comienza a gestarse. Esta no dependerá necesariamente de leyes que reconozcan a BTC como moneda de curso legal, sino de compras discretas para reservas, su inclusión en fondos soberanos o su integración en estrategias de diversificación financiera por parte de los bancos centrales.

Este movimiento puede verse reflejado en lo que ocurre actualmente con el gobierno de Estados Unidos.